El análisis de Roberto
Centeno: El derecho a decidir no existe en la nación española
El
presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en la firma de la
convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 27 de septiembre.
Por Roberto
Centeno.- Ni el Gobierno, ni los partidos políticos, ni la Corona se han
enterado todavía de lo que está en juego. No existe ni un solo antecedente en
la historia de los acontecimientos mundiales, como tampoco en la historia de
las ideas políticas, que justifique el derecho de autodeterminación o el
derecho a decidir dentro de un estado histórico como el español, que encontró
su unidad nacional antes de la Revolución francesa. Un acontecimiento capital
para entender la razón última y única que justificó el derecho de
autodeterminación de los pueblos que no habían realizado la identificación
entre nación y estado. Para Marx y todos los grandes pensadores políticos, el
derecho de autodeterminación sería absurdo en naciones como Inglaterra (1),
España, Portugal y Francia que habían adquirido conciencia de su unidad nacional
antes de tan grandioso acontecimiento revolucionario.
Y ahora
resulta que un puñado de ambiciosos pretende la secesión sin fuerza real para
hacerla efectiva. Dislate que solo se explica porque tienen enfrente a unos
pusilánimes que no se atreven a aplicar la ley, que es su obligación política
esencial y primordial, lo que les descalifica no solo como gobernantes de
España sino de cualquier país civilizado. En una democracia no cabe decidir
sobre lo indecidible porque no entra en el terreno de sus competencias. El
maestro de Ortega, el pensador e historiador francés Renan, afirmaba que “una
nación puede hacer todo menos suicidarse”. Y la separación de Cataluña sería el
suicidio de España. Las realidades históricas como España no son proyectos
nacionales dependientes de la voluntad de sus ciudadanos en las urnas, solo lo
deciden acontecimientos históricos, generalmente bélicos.
¿Cómo se ha
podido llegar a esta degradación?
Felipe VI y
Mariano Rajoy, en una reunión en el Palacio de Marivent.
¿Acaso hay
duda que desde hace décadas se viene agravando la tensión y el conflicto entre
los gobiernos de España y la Generalitat? ¿Acaso no ha habido situaciones casi
de emergencia nacional en las que el monarca estaba obligado
constitucionalmente a moderar y en su caso arbitrar ante los flagrantes
incumplimientos de las instituciones catalanas de las sentencias y resoluciones
de las máximas instancias jurídicas del Estado? Y la Corona jamás se ha
comprometido en defensa de la unidad de España, que es su única función
constitucional y la única justificación de su existencia.
Y Rajoy, que
a semejanza de Mas ni cumple la ley ni la Constitución, dijo que el gobierno
“está estudiando todas las posibilidades legales”, porque después de 37 años de
Constitución, tres años de gobierno, con dos ministros de Justicia y 600
asesores, aún no sabe cuáles son, y repitió como novedad que “en España la ley
se va a cumplir. Vamos a dar la batalla”. Es decir, Rajoy finge ignorar que la
ley no se cumple desde que él gobierna, y que no se dan batallas para hacer
cumplir las leyes, única fuerza del Estado de Derecho. Parece convencido de que
hay que batallar para que la Generalitat cumpla las leyes, cuando lo único que
debe hacer si las leyes del Estado no son obedecidas es ejecutar esas leyes por
la fuerza.
La
tradicional cobardía de los presidentes de gobierno de la Transición ha hecho
creer a los gobernados la barbarie de que las leyes solo se cumplen mediante
consenso o acuerdos bilaterales. Esa creencia, fruto del oportunismo y del
miedo a ser tachados de franquistas, es algo tan monstruoso que no solo es
privativo de esta generación miedosa, sino que lleva directamente a la
destrucción absoluta del Estado de Derecho. Según el CIS, la fractura política,
social, moral y cultural producida por el gobierno y el parlamento catalán con
las demás instituciones es total. No solo no se ha movido un dedo para
evitarlo, es que se ha dado todo tipo de facilidades para ello, empezando por
la transferencia de las competencias de Educación, con las que han adoctrinado
en el odio a España y la mentira histórica a toda una generación.
Pero,
además, la ruptura se ha producido desde arriba, es decir, por puras ambiciones
de poder y no por una evolución natural de los gobernados. Un 50,3 % de los encuestados
por el CIS es contrario a la independencia frente a un 44 % a favor, lo que es
una derrota del independentismo. Problema: a través de una asignación de
escaños totalmente arbitraria, los independentistas de CiU y ERC más las CUP
llegan a la nueva ilegalidad que es interpretar que la mayoría de escaños y no
de votos decide la cuestión de la independencia en el Parlamento. ¡Es la locura
total! Unos auténticos dementes. Los separatistas revolucionarios de las CUP
pueden tener en sus manos el futuro de Cataluña.
Si el CIS
acierta, Mas anunciará el comienzo del proceso secesionista en contra de la
mayoría de votantes, luego se mofará de una Constitución aprobada en referéndum
por la inmensa mayoría del pueblo español -pero sobre todo en Cataluña, donde la
votaron más de 86%-, y hacerse una propia donde las exigencias de las CUP, cuyo
voto será decisivo, la harán similar a las de Cuba o Corea del Norte. Luego
creará una infraestructura de Estado y emprenderá la persecución y marginación
de los catalanes españolistas. La declaración unilateral de independencia la
hará cuando las Cortes estén disueltas, algo tan infantil que causa sonrojo,
aunque el desenlace más probable es el caos, una Cataluña enfrentada e
ingobernable que hundirá la región para varias generaciones.
El
socialismo inicuo
Además de la
perversa dejación de funciones de las principales instituciones del Estado,
ordenada por Rajoy, el socialismo, de acuerdo con su tradición demagógica de
igualdad, pese a que cuando han gobernado se han producido las mayores
diferencias de renta y riqueza de nuestra historia, propone una denominada
Tercera Vía, “entre el inmovilismo de Rajoy y el independentismo de Mas”, que
aunque no bien definida, porque ni ellos mismos saben lo que quieren y un día
afirman una cosa y el siguiente la contraria, supondría conceder una serie de
ventajas políticas y fiscales a Cataluña ruinosas para el resto de los
españoles.
Hablan de
federalismo como papanatas que ignoran que en nuestro Estado autonómico, el más
disparatado del planeta, las competencias ya transferidas superan ampliamente
las competencias que tendrían en un Estado federal. El gasto descentralizado
son ya los dos tercios del gasto público total -excepto Seguridad Social y pago
de intereses de la deuda- frente a un 50/50 en los Estados federales. Otros,
los más ignorantes, hablan de un pacto fiscal igual al del País Vasco, que
supone un robo al resto de los españoles de 11.000 millones de euros anuales,
para un PIB que es solo del 6,1% del total nacional. Pero el Nobel a la
Estupidez lo ha ganado sin duda Margallo, que propone darles todo el IRPF. ¿Y
este insensato es ministro de Exteriores de España? ¿Pero en qué caos se han
convertido hoy el PP y el Gobierno?
Si este
modelo de cupo, que lo que debe hacerse es suprimirlo porque carece de
justificación alguna y es un expolio escandaloso a todos los demás españoles,
se trasladara a la totalidad del Estado como piden algunos iletrados dirigentes
autonómicos socialistas, Hacienda dejaría de ingresar 180.000 millones de euros,
con lo que el Estado tendría un déficit estructural del 22 % del PIB sumando el
actual. Es decir, la quiebra absoluta del Estado. En el caso de que se
extendiera a Cataluña, el expolio al resto de los españoles se incrementaría en
34.000 millones de euros. El PSOE tendría que explicar a sus millones de
votantes no catalanes que para el socialismo son ciudadanos de segunda clase a
quienes se puede defraudar.
Ante tan
grandes disparates y ante una situación en Cataluña tan incierta, Rajoy no
tiene mejor ocurrencia que la de reformar las competencias del Tribunal
Constitucional, para que sea este órgano político-administrativo-judicial quien
le permita ir a Cataluña con una pistolita de perdigones para asustar a los
jactanciosos separatistas, que llevan años vulnerando impunemente la
Constitución y el Código Penal de España. La respuesta al necio desafío de las
instituciones catalanas no puede ser más que una: aplicación sin demora del
Articulo 155 de la Constitución –que no es una amenaza sino el cumplimento de
la ley- y del articulado del Código Penal sobre delitos de sedición.
Son las
únicas respuestas sensatas y legales al cinismo de los independentistas
catalanes, y para que las cumplan no se necesita ni la Guardia Civil ni mucho
menos el Ejército. Basta y sobra con la policía autonómica, y en caso de
algaradas callejeras, los antidisturbios. Si no lo hacen y el tema se
descontrola, Rajoy deberá responder como en cualquier Estado de Derecho ante
los tribunales de justicia, y desde luego ya ha de responder ante esta y las
futuras generaciones por las consecuencias de su antipatriótica cobardía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario